Un espacio para la discusión informada en torno al impacto de las políticas públicas

lunes, 22 de noviembre de 2010

Desayuno Stanford-México Evalúa: reflexionando sobre las capacidades del Estado Mexicano



EDNA JAIME

Directora de México Evalúa




El viernes pasado, México Evalúa tuvo la oportunidad y el privilegio de reunirse con académicos, empresarios e intelectuales mexicanos con motivo de la visita a México de Francis Fukuyama, Stephen Krasner y Paul Wise, todos ellos académicos de la Universidad de Stanford.

El desayuno convocado por México Evalúa-Stanford fue posible gracias a la amable iniciativa y disposición de la Dra. Beatriz Magaloni, académica de la misma Universidad. La convocatoria tuvo la fortuna de reunir a personalidades del mundo académico y empresarial interesados en intercambiar ideas y puntos de vista relevantes para la coyuntura que atraviesa el país. Entre ellos se encontraban: Carlos Elizondo Mayer-Serra, Luis Rubio, Edna Jaime, María Amparo Casar, Alberto Díaz-Cayeros, Juan Pardinas, Héctor Fix Fierro, Marta Mejía y Emilio Carrillo.

El tema rector de la discusión fue la construcción de capacidades institucionales en estados débiles o fallidos (tema en el que Fukuyama se ha centrado particularmente), y posteriormente se trasladó el análisis al caso mexicano.

El Estado mexicano del viejo régimen era, paradójicamente, fuerte y débil a la vez. Su fortaleza provenía de una presidencia muy poderosa que contaba con mecanismos de control social y político que permitían estabilidad y conferían certezas. Sin embargo, la fortaleza de la hiperpresidencia mexicana contrastaba con la debilidad de las instituciones dentro del aparato público mexicano.

Por otro lado, ese Estado mexicano omnipresente tuvo en sus objetivos la organización de la sociedad desde el poder a través del control, la mediatización de conflictos y la mediación entre partes. Esa sobrerregulación de la interacción social inhibió la cooperación voluntaria, la confianza y el capital social.

Una vez debilitado el poder presidencial y los mecanismos de control a su disposición, el resultado, hoy en día, es un Estado mexicano que combina debilidad institucional con un muy bajo capital social.

La reflexión se centró en cómo construir/fortalecer instituciones y promover confianza en la sociedad. En el caso de México esta discusión es fundamental en el marco de la crisis de seguridad por la que atravesamos.

Una de las alternativas más viables es generar los incentivos para llevar a cabo los cambios institucionales que el país necesita. Colombia logró hacerlo, cuando sus élites alinearon incentivos en un contexto de adversidad para fortalecer a las instituciones y realizaron reformas desde el ámbito fiscal hasta el policíaco.

En México, sobre todo en las regiones más violentas donde es cada vez más evidente la noción de un Estado débil y/o en crisis, ya se están generando los incentivos para tomar medidas de fortalecimiento institucional.

La grave crisis de inseguridad por la que atraviesa el país exige de los políticos un fuerte compromiso con el fortalecimiento institucional y con la rendición cuentas sobre la gestión pública. Los costos de la inmovilidad (ya visibles en algunos estados) deberían funcionar como el principal acicate a la cooperación en favor del fortalecimiento de las instituciones de seguridad y de gobierno.

Después de un rico intercambio de ideas, la mayoría de los asistentes salimos con claridad sobre el reto que tenemos enfrente, pero también con la convicción de que es posible revertir la situación que hoy nos aqueja. Ojalá contemos con los liderazgos, los conceptos y acuerdos para que esto suceda.

miércoles, 17 de noviembre de 2010

El presupuesto 2011: esclavo de las cuotas políticas

Mariana García

El presupuesto público para el 2011, aprobado por los diputados el día de ayer, será el más grande de la historia del país al ascender a 3 billones 438 mil 895 millones 500 mil pesos; sin embargo, una vez más, el presupuesto público en México ha sido esclavo de las cuotas políticas que imperan en el reparto de recursos dentro del sistema político mexicano.

Los sectores de educación, comunicaciones y transportes (particularmente en el ramo carretero) y el agrícola, son tres de los grandes ganadores en las reasignaciones de recursos para el PEF 2011; no obstante, la primer pregunta obvia sería si un incremento de los recursos públicos en estos rubros se ha traducido en mejores resultados para el país y sus habitantes.

México Evalúa, con el apoyo de expertos e investigadores en diferentes sectores, realizó un diagnóstico del gasto público: ¿Gastamos para Mejorar?, donde encontró resultados tan alarmantes como:

o Uno de cada dos estudiantes mexicanos de 15 años se encuentra por debajo del nivel mínimo de desempeño que establece PISA.

o La educación pública en México no es gratuita, tiene un costo de casi 30% del ingreso disponible para las familias más pobres.

o México ocupa el lugar 65 entre 125 países en calidad de infraestructura.

o El Plan Carretero 2007-2012, impulsado por la administración Calderón, presenta atrasos importantes: tan sólo se ha avanzado en 18.4% respecto a la meta propuesta.

o Los programas de apoyo productivos (principalmente los agrícolas) se concentran en los grandes productores.

o El decil (10%) de los productores más ricos (en términos del valor de la tierra) concentra cerca de 75% del valor estimado de la tierra, y recibe: 33% de Procampo, 55% de Desarrollo Rural (apoyos para inversión productiva nominalmente focalizados), 60% de los subsidios eléctricos e hidroagícolas, y 90% de apoyos a la comercialización; como Ingreso Objetivo.

¿Qué explican estos datos junto con las reasignaciones realizadas en el Congreso a esos sectores?

En primer lugar, que la relación más gasto igual a mejores resultados, no siempre es clara:Los rubros mencionados anteriormente reciben año con año mayores recursos públicos sin generar un mayor crecimiento económico o una menor desigualdad social.

En segundo lugar, demuestran que las evaluaciones realizadas por organismos públicos o por entidades independientes no tienen peso sobre la asignación de recursos anuales para el presupuesto; y sobre todo, que la efectividad, la transparencia y la rendición de cuentas de los programas y las políticas públicas no son el criterio que impera a la hora de asignar (o reasignar) dinero público.

En tercer lugar y más preocupante, es que la ganancia relativa de estas reasignaciones se da a costa de los contribuyentes y de los grupos más vulnerables del país; y a favor de todos aquellos grupos de interés que tienen peso sobre las decisiones del Congreso. No es casualidad que sindicatos públicos: energéticos, petroleros, magisteriales; organizaciones campesinas; monopolios públicos y privados; empresas de telecomunicaciones e incluso los gobernadores, participen abiertamente en las decisiones políticas presupuestarias, que defiendan celosamente sus intereses y prebendas (reflejados en rentas, subsidios) y que impongan sin pudor sus privilegios por encima de la productividad, la modernización educativa y la equidad.

En un documento para México Evalúa: Gasto Público para la Equidad, John Scott afirma que la desigualdad persistente en México y que la exclusión de los instrumentos redistributivos del Estado de amplios grupos de la sociedad tiene lugar no sólo por la débil base fiscal de nuestro país, sino también por la calidad y acceso desiguales de la población a los beneficios del gasto público. Dicha desigualdad ante los beneficios del gasto público, según Scott, se explica por las barreras de entrada que experimentan los más pobres para acceder a estos beneficios, lo cual es producto de errores de diseño en los programas sociales o bien se debe a la captura de beneficios por grupos organizados en un contexto de alta desigualdad.

Este último punto es particularmente dañino en un país con pocos recursos y muchas carencias, y donde el gasto público no está atendiendo las prioridades y necesidades más apremiantes de los ciudadanos, sino a los privilegios y la voracidad de cardúmenes de pirañas presupuestales.


martes, 2 de noviembre de 2010

Transparencia y Rendición de Cuentas en México

El pasado 25 de octubre Transparencia Internacional presentó el Índice de Percepción de la Corrupción 2010, un indicador que mide la percepción de la corrupción en 178 países y otorga una calificación a cada uno de ellos. La escala utilizada es del 1 al 10, siendo 1 lo más bajo y 10 la mejor calificación.

Este año México obtuvo la peor calificación en los últimos 10 años con una cifra de 3.1, lo que nos ubica por debajo de países como Barbados, Ruanda, Perú, República Checa y Malasia.

Transparencia Mexicana, reportaba en el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2007, datos preocupantes sobre la situación de nuestro país en la materia:

En 2007 se registraron 197 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos provistos por autoridades federales, estatales, municipales, así como concesiones y servicios provistos por particulares. En 2005 fueron 115 millones.[1]

En 2007, se pagaron más de 27 mil millones de pesos de “mordidas” en servicios públicos por los hogares, en comparación con los 19 mil millones de pesos en 2005.[2]

La corrupción está ligada de manera directa con la transparencia del gobierno en el ejercicio de su función y con la rendición de cuentas como mecanismo para evaluar y monitorear el quehacer público.

El sistema de rendición de cuentas en México está repartido entre varias instituciones con funciones y atribuciones distintas: la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).

De manera general: la ASF es la encargada de auditar el uso de los recursos públicos en los tres Poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno; la SFP tiene el objetivo de vigilar y regular la gestión de la Administración Pública Federal; la SHCP está obligada a la programación y presupuestación de los recursos públicos; y, el IFAI funge como el garante de la transparencia y publicidad de la información pública.

Sin embargo, la rendición de cuentas en México consiste en la entrega de informes contables periódicos entre instancias gubernamentales, y no como un ejercicio en el que los ciudadanos pueden ver cómo se toman las decisiones gubernamentales. La legislación actual incluye diversos métodos de control al ejercicio de recursos públicos, más no mecanismos efectivos para la disuasión de la corrupción en la Administración Pública Federal. No basta con analizar informes de gasto, hay que convertir a las instituciones de rendición de cuentas en monitores permanentes de la gestión financiera[3].

La rendición de cuentas no debe ser únicamente una actividad generada por agencias gubernamentales, sino una práctica que involucre a los ciudadanos en el monitoreo constante de la función pública. El beneficio social de la rendición de cuentas depende de la capacidad para perfeccionar la administración pública, evitar malas prácticas y sobre todo, mejorar la comunicación entre el gobierno y sus gobernados.

México Evalúa se dio a la tarea de analizar los alcances y limitaciones de la Auditoría Superior de la Federación en la evaluación del gasto público y sus implicaciones para la rendición de cuentas en el país. Estaremos compartiendo los resultados del estudio en los próximos días.


[1] http://www.transparenciamexicana.org.mx/documentos/INCBG/2007/Presentacion_INCBG_2007.pdf

[2] Íbid

[3] Fuentes Pananá, H. “Transparencia y rendición de cuentas” Working paper; México 2010